Gremio denuncia rebaja de subvenciones y falta de pago del Bono de Vacaciones
La Asociación de Educadores de Chile (ASEDUCH) lanzó duras críticas contra el Ministerio de Educación, encabezado por el ministro Nicolás Cataldo, acusando incumplimientos administrativos que estarían afectando directamente a trabajadores y comunidades educativas del país.
El presidente del gremio, José Luis Velasco, afirmó que la cartera estaría utilizando recursos del sector para “ajustar la caja del Estado”, perjudicando a estudiantes, docentes y asistentes de la educación que dependen del financiamiento público.
Según detalló, en enero se concretó una rebaja del 26% en la subvención destinada al mantenimiento mínimo de los establecimientos educacionales. A ello se suma que, tras el término de las vacaciones escolares, aún no se han pagado el Bono de Vacaciones y otros beneficios correspondientes al sector público.
Preocupación por derechos laborales
Desde ASEDUCH manifestaron “profunda preocupación y categórico rechazo” ante lo que califican como una deficiente gestión administrativa del Ministerio.
Velasco subrayó que los derechos laborales “no constituyen concesiones políticas ni anuncios comunicacionales”, sino obligaciones legales que deben cumplirse dentro de los plazos establecidos. A su juicio, cualquier retraso representa una falta grave al principio de legalidad que rige la administración pública.
El dirigente también advirtió que la situación genera incertidumbre financiera en los establecimientos educacionales y afecta la estabilidad de miles de trabajadores.
Exigencias del gremio
Ante este escenario, ASEDUCH exige:
- Cumplimiento estricto de los plazos legales establecidos.
- Transparencia respecto del estado real de los procesos de pago.
- Información oficial clara y oportuna a los trabajadores afectados.
- Asunción de responsabilidades administrativas en caso de constatarse incumplimientos.
Finalmente, el presidente del gremio aseguró que no se puede “normalizar la improvisación” en materias que impactan directamente la dignidad laboral y no descartó evaluar acciones administrativas y legales si la situación persiste.
