La comunidad rechaza intervención estatal y exige reconocimiento histórico

La Comunidad Autónoma de Temucuicui, liderada por el lonco Víctor Queipul, respondió con dureza a las medidas impulsadas por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, tras su visita a La Araucanía a menos de un mes de asumir el cargo.

Desde el territorio, cuestionaron el plan de seguridad que contempla mayor presencia de Carabineros de Chile y el Ejército, junto con controles permanentes para frenar el ingreso de armas y drogas, además de reforzar labores de inteligencia para capturar prófugos. La comunidad calificó estas acciones como una continuidad de la “militarización” que, aseguran, han enfrentado durante décadas.

En un extenso comunicado, Temucuicui rechazó las acusaciones de vínculos con delitos como narcotráfico o robo de madera, apuntando a una supuesta estrategia de persecución política y desprestigio hacia su lucha por la recuperación territorial.

La figura del lonco Queipul fue reafirmada como una autoridad ancestral clave dentro del movimiento mapuche, destacando su rol en la defensa de la autodeterminación. En esa línea, insistieron en que el Estado no tiene legitimidad dentro del territorio sin el consentimiento de la comunidad.

“El territorio es mapuche, no chileno”, afirmaron, reforzando su postura de autonomía y resistencia frente a la institucionalidad estatal.

Además, aseguraron que no habrá acuerdos mientras no exista un reconocimiento de la deuda histórica hacia el pueblo mapuche, acusando al Estado de privilegiar respuestas policiales por sobre el diálogo político.

El conflicto se intensifica en un escenario donde Temucuicui se ha convertido en símbolo de la disputa territorial en la Macrozona Sur, mientras el gobierno busca instalar una agenda de orden y control en la zona.

Cadem revela caída en respaldo y creciente rechazo al manejo económico

Se publicó una nueva edición de la encuesta Plaza Pública Cadem este domingo, la que muestra un escenario adverso para el Gobierno.

Según el sondeo, la aprobación del Presidente José Antonio Kast bajó al 43%, lo que representa una caída de 4 puntos respecto a la medición anterior, mientras que su desaprobación llegó al 51%.

En cuanto al gabinete, los ministros Mara Sedini y Jorge Quiroz aparecen como los peor evaluados, mientras que May Chomali y Francisco Pérez Mackenna destacan entre los mejor valorados por la ciudadanía.

En materia económica, un 60% de los encuestados considera que el alza en los precios de los combustibles pudo haberse evitado, y un 72% opina que, de ser necesario, debió aplicarse de forma gradual.

Finalmente, solo un 25% cree que el Gobierno tiene razón al señalar que el país enfrenta una situación económica crítica, cifra que baja respecto al 33% registrado en la encuesta anterior.

Expertos y docentes advierten que la medida no aborda el problema de fondo

Tras el atentado ocurrido en un establecimiento educacional de Calama, donde un estudiante asesinó a una inspectora y dejó a otras cuatro personas heridas, se reactivó el debate sobre la instalación de detectores de metales en colegios.

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió al proyecto que busca implementar estos dispositivos, señalando que permitirían detectar el ingreso de armas y reducir riesgos al interior de los establecimientos.

Sin embargo, desde el Colegio de Profesores de Chile cuestionaron el enfoque. Su presidente, Mario Aguilar, afirmó que centrar la discusión en medidas como pórticos detectores “no es la solución de fondo” frente a un problema que calificó como estructural.

Si bien el gremio no descarta su uso en contextos específicos, advierten que se trata de una respuesta limitada ante una crisis más profunda. “Es un tema que requiere un abordaje integral, vinculado a la salud mental, la convivencia escolar, la educación y el rol de las familias”, sostuvo Aguilar.

En esa línea, también hizo un llamado a las autoridades a evitar respuestas apresuradas o meramente comunicacionales, subrayando la necesidad de tratar el tema con responsabilidad, considerando el impacto que hechos de esta gravedad generan en las comunidades educativas.

El debate, así, queda abierto: más allá de las medidas de seguridad, crece la presión por avanzar en soluciones de fondo frente al aumento de la violencia escolar en el país.