El avance es resultado de un proceso de modernización.
Con una disminución del 65% en su deuda municipal, Loncoche se posiciona como una de las comunas con mejor desempeño financiero en La Araucanía, en el marco de un proceso de modernización que permitió a la región reducir su deuda total en un 43%, superando ampliamente el promedio nacional de 27%.
La cifra sitúa a Loncoche entre las comunas líderes del país en control financiero, junto a Villarrica y Los Sauces, consolidando a La Araucanía como referente nacional en gestión eficiente de recursos públicos durante 2025.
Este avance es resultado de un proceso de modernización financiera impulsado a nivel regional, luego de que en diciembre de 2024 se diagnosticara una grave crisis de fragmentación y falta de control. En ese momento, la gestión de recursos se encontraba dispersa entre distintos programas —PMU, PMB y FIGEM—, lo que dificultaba la trazabilidad de los fondos y acumulaba observaciones de la Contraloría General de la República por transferencias sin respaldo y proyectos sin rendición efectiva.
A nivel nacional, la deuda alcanzaba los $721 mil millones, escenario que motivó la implementación de medidas estructurales, como la creación de la URC y el SISRRE, unidades centrales de control y rendición de cuentas que incorporaron plataformas electrónicas para el seguimiento financiero. A ello se sumó una fiscalización activa, un nuevo Manual de Rendiciones, el bloqueo de fondos conforme al artículo 18 y el uso de herramientas digitales como Power BI, que permiten monitoreo en tiempo real, alertas tempranas y sistemas de cobro automatizado.
Gracias a estas acciones, se logró recuperar más de $191 mil millones a nivel país, mientras que en La Araucanía comunas como Loncoche, con un 65% de reducción, destacan por su capacidad de ordenamiento financiero y cumplimiento normativo.
Pese a los resultados positivos, las autoridades advierten que el principal desafío es sostener el modelo en el tiempo, lo que implica un trabajo coordinado entre SUBDERE y los municipios para evitar nuevos atrasos y garantizar una gestión responsable, transparente y eficiente de los recursos públicos.
