Columna de la diputada Ericka Ñanco advierte retrocesos y riesgo en la convivencia
Las recientes decisiones del gobierno, como la paralización de compras de tierras, cambios en la institucionalidad indígena y modificaciones a la Ley Lafkenche, no serían hechos aislados. Según plantea la diputada Ericka Ñanco, se trata de una serie de acciones que están redefiniendo la relación entre el Estado y los pueblos indígenas.
Uno de los puntos más críticos fue la instrucción desde el Ministerio de Desarrollo Social para retirar procesos de compra de tierras desde Contraloría, dejando sin efecto iniciativas ya avanzadas. El entonces director de Conadi se negó, y posteriormente fue removido de su cargo.
Para la parlamentaria, este tipo de decisiones, adoptadas sin suficiente explicación pública, afectan directamente la confianza en el Estado, especialmente en territorios como La Araucanía, donde esa confianza ha sido históricamente frágil.
A esto se suma la eliminación de la Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales, creada en 2017. Aunque no resolvía todos los problemas, representaba un avance en el reconocimiento de distintas formas de entender el territorio. Su eliminación, según la diputada, marca un cambio en las prioridades del Estado.
En paralelo, se discuten modificaciones a la Ley Lafkenche, normativa que incorporó mecanismos de participación para comunidades costeras incluso antes de la plena aplicación del Convenio 169 de la OIT. Más allá de los cambios específicos, lo que preocupa es la señal que se entrega cuando estos estándares comienzan a retroceder.
Desde esta perspectiva, lo que ocurre no responde a medidas aisladas, sino a una secuencia que impacta directamente en cómo el Estado gestiona su diversidad y construye legitimidad en contextos complejos.
La diputada también plantea una reflexión incómoda: el apoyo que existe en La Araucanía a proyectos políticos que impulsan estas decisiones. Más que un reproche, lo interpreta como un reflejo de desconfianzas históricas y de la dificultad para construir un horizonte común.
Finalmente, advierte que la estabilidad no se logra simplificando el conflicto ni reduciéndolo a un problema de orden público, sino generando condiciones de reconocimiento que permitan sostener la convivencia.
Desde el Congreso, señala, el rol es fiscalizar, exigir fundamentos y evitar que el debate se transforme en posiciones irreconciliables, porque eso termina debilitando la posibilidad de gobernar en conjunto.
El fondo del debate, concluye, es claro: decidir si la diversidad se enfrenta ampliando el reconocimiento o reduciéndolo. Evitar esa discusión no resuelve el conflicto, solo lo posterga.
