El edil comparó sus intervenciones en concejo municipal con el informe oficial elaborado por la Municipalidad, asegurando que las cifras y observaciones coinciden con lo que él denunció públicamente.

El concejal de Loncoche, Alberto Velásquez, dio a conocer un documento en el que compara sus declaraciones realizadas en los concejos municipales del 27 de enero y 10 de febrero con los resultados de la auditoría interna efectuada al Departamento de Educación Municipal (DAEM).

Según indicó, la auditoría, que abarca el período entre junio de 2023 y diciembre de 2024, confirma los antecedentes y cifras que él había expuesto previamente en sesión de concejo. El informe fue elaborado por la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad y, de acuerdo al propio concejal, puede revisarse en las páginas 35 a 57 del documento oficial.

Cabe señalar que todos los hechos observados en la auditoría dicen relación con un funcionario: el Jefe de Finanzas del DAEM, quien actualmente se encuentra suspendido de sus funciones desde febrero de 2025, recibiendo su sueldo completo.

Además, existe un sumario administrativo en curso que ya se extiende por más de un año y que es instruido por el actual secretario de Planificación Comunal (Secplan), Eduardo Navarro.

¿Qué observó la auditoría?

El informe detalla seis puntos principales que apuntan a irregularidades administrativas al interior del DAEM. A continuación, explicamos cada uno de ellos de manera simple:

1. Doble función de funcionario

La auditoría detectó que un funcionario ejerció simultáneamente dos cargos: Encargado de Remuneraciones y Jefe de Finanzas (subrogante). Esto, según el documento, vulneraría el principio de segregación de funciones, norma básica de control interno que busca evitar que una misma persona concentre responsabilidades que podrían facilitar errores o eventuales irregularidades.

2. Pago de créditos personales con recursos DAEM

Se constató que durante el período auditado se habrían pagado créditos personales del funcionario con recursos del DAEM sin realizar el descuento correspondiente en sus remuneraciones.

El monto total observado asciende a $3.128.928, correspondientes a pagos a la Caja 18 de Septiembre y a COOPEUCH.

3. Pago de horas extraordinarias sin respaldo

El informe señala que se detectaron pagos de horas extra que no contaban con decreto aprobatorio, solicitud formal ni registro que acreditara su realización.

Además, existirían diferencias entre horas autorizadas y horas pagadas, generando un pago en exceso.

El total observado por horas extraordinarias irregulares alcanza los $3.882.305.

4. Uso de cajas chicas sin rendición

La auditoría establece que se gestionaron fondos globales (cajas chicas y fondos a rendir) sin que existieran rendiciones formales que respaldaran esos gastos.

Los montos involucrados serían:

• $5.544.958 en fondos sin rendición.
• $17.709.008 en cajas chicas y fondos pendientes de respaldo documental.

El informe señala que la unidad de Finanzas deberá requerir rendiciones o, en su defecto, solicitar la restitución de los fondos.

5. Uso de fondos con fines distintos a los asignados

Uno de los puntos más graves del informe indica que se habría autorizado el uso de fondos comprometidos para otros fines, generando una diferencia de $215.649.700 al 31 de diciembre de 2024.

El documento advierte que esto podría constituir una falta grave, ya que se utilizaron recursos para fines distintos a los que fueron asignados, lo que eventualmente podría configurarse como malversación de fondos si se acreditara dicha situación.

6. Asignación de responsabilidad no imponible ni tributable

La auditoría también detectó el pago de una asignación adicional de responsabilidad por un monto total de $7.574.040 que no fue considerada imponible ni tributable, pese a que debía serlo, según lo indicado en el informe.

Declaraciones y posturas

En el documento difundido, Velásquez sostiene que los antecedentes que él planteó en concejo coinciden con lo señalado por la auditoría interna y que no ha inventado cifras ni imputaciones, sino que se limitó a exponer información que hoy se encuentra respaldada en el informe oficial.

Asimismo, el edil señaló que quienes consideren que los hechos no ocurrieron deberán desvirtuar el contenido de la auditoría.

Por su parte, el alcalde respondió que existe la presunción de inocencia y que no se puede hablar de esta manera culpando a los demás, enfatizando que los procesos administrativos deben seguir su curso antes de emitir juicios definitivos.

¿Qué viene ahora?

El informe recomienda que la unidad de Finanzas requiera rendiciones pendientes y adopte medidas correctivas. Sin embargo, será clave conocer si se iniciarán eventuales procesos administrativos adicionales, sanciones u otras acciones para determinar responsabilidades.

Desde el municipio, hasta el cierre de esta edición, no se ha informado públicamente si habrá sanciones o acciones judiciales derivadas del informe.

Este caso abre un debate relevante sobre los mecanismos de control interno y la administración de recursos públicos en el Departamento de Educación Municipal, considerando que se trata de fondos destinados al funcionamiento del sistema educativo comunal.